Cristina F. Pereda
La conferencia celebrada en Washington analiza el equilibrio entre seguridad y censura en la Red
La tercera parte de la población mundial, unos 620 millones de personas, no puede acceder libremente a internet por residir en países donde sus gobiernos han decidido que la seguridad nacional es más importante que la libre circulación de información, o por percibir ésta como una amenaza mayor. Internet, la herramienta de comunicación de mayor y más rápido crecimiento de la historia, también ha chocado con los mecanismos de control y censura establecidos por las autoridades.
Diversos países de todo el mundo se enfrentan al mismo reto: encontrar el equilibrio entre la garantía de seguridad de un país y la libertad política y social de sus ciudadanos. Las empresas de tecnología, que han contribuido de una manera tan importante al desarrollo de Internet, aspiran a mantener las mismas características de apertura y flexibilidad que han convertido la red en una plataforma de innovación constante.
“Mantener una internet abierta es un imperativo económico”, afirmó Bob Boorstin, director de políticas de Google, durante una conferencia celebrada el miércoles en Washington para analizar el estado de la libertad en Internet. “Lamentamos que desde hace un año, 120 millones de personas más vivan en países donde existe algún tipo de restricción a la libertad online. La mayoría de sus gobiernos pretende ralentizar o ahogar completamente el intercambio de información entre los ciudadanos”.
Boorstin destacó que la red ha evolucionado hasta un punto en el que millones de ciudadanos exigen mayores niveles de libertad -tanto en la red como en la calle- mientras que algunas democracias occidentales limitan los derechos de los usuarios a cambio de una mayor seguridad, un argumento que puede dar lugar a abusos por parte de las autoridades, tal y como denuncian numerosos activistas de todo el mundo.
“En muchos países, los gobiernos entendieron que simplemente por conceder determinadas libertades a los ciudadanos en el ámbito privado aceptaríamos límites en la esfera pública”, explicó John Kampfner, periodista y escritor británico, en referencia a los diferentes levantamientos y revoluciones que ha acabaron con regímenes autoritarios en 2011. “Ahora los ciudadanos han llevado esas exigencias a la red”, añadió.
EE UU, Alemania o Reino Unido exigieron a los fabricantes de móviles que instalaran un mecanismo que permitiera las escuchas policiales
“La revolución no hubiera ocurrido si durante los últimos años no hubiera aumentado el intercambio de información entre los ciudadanos, ayudando a que conociéramos lo que pasaba en la ciudad vecina”, reconoció Moorane Fehri, miembro de la oposición en la recién estrenada democracia tunecina. “Por algo los ciudadanos no quieren volver a la misma situación en la que estaban antes”.
A pesar de los avances, varios de los asistentes a la conferencia, organizada por Google, lamentaron que los intereses de algunas democracias occidentales estén contribuyendo a aplacar a activistas en países como Siria o Irán. Tal y como reconoció Stewart Baker, secretario del Departamento de Seguridad Nacional en el Gobierno de George Bush, países como EE UU, Alemania o Reino Unido exigieron a los fabricantes de teléfonos móviles que instalaran un mecanismo que permitiera las escuchas por parte de la policía o el servicio secreto de sus respectivos países. Tales dispositivos son utilizados ahora por regímenes como el de Bashir Al Asad en Siria.
“La mayoría de las compañías que controlan las capas más básicas de internet tienen su sede en Estados Unidos”, denunció Renata Ávila, abogada guatemalteca y activista por la transparencia online a través de la plataforma Global Voices. “¿Cuáles son las consecuencias para la libertad de los internautas en otros países? ¿Qué ocurre con los activistas que luchan por sus derechos y que son detenidos y censurados gracias a esos sistemas?”.
Según Ávila, hasta las democracias occidentales más avanzadas han demostrado que el Estado puede extralimitarse al crear regulaciones en defensa de los intereses de una determinada industria. “Ya hemos visto como la aplicación de leyes de copyright han amenazado con limitar los derechos de los internautas”, afirmó la activista, en una clara referencia a los proyectos de leyes SOPA y PIPA que a comienzos de año despertaron numerosas críticas por su amenaza a la libertad en internet en Estados Unidos.
“La cuestión de si la voluntad de los ciudadanos debe prevalecer sobre la del Estado ha sido planteada durante décadas”, comentó Baker. “Y la respuesta no siempre puede ser que sí. Es la fuerza de la tecnología la que terminará con regímenes represivos, pero eso no significa que todos los gobiernos deban salir perdiendo, porque representan y deben seguir representando a los ciudadanos”.
Fehri destacó que la amenaza a la libertad de los ciudadanos por parte de los gobiernos radica en el intercambio de la palabra gobierno y estado, como si fueran sinónimos. “Si nos confundimos, el gobierno acaba estableciendo leyes según su propio interés, no el de los ciudadanos”, argumentó el político tunecino.
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